La UPR y los fondos ARRA
Alex Betancourt
Profesor UPR-Río Piedras
El día de ayer se desató una controversia basada en una de las declaraciones sobre la UPR por parte del Gobernador en su mensaje de presupuesto. Según éste, la administración universitaria (su entonces presidente Antonio García Padilla y la Junta de Síndicos) sugirió medidas impositivas para subsanar el déficit que enfrentaría la Universidad debido a la merma en recaudos allegados al Fondo General y su efecto sobre la asignación basada en la formula de financiación. Miembros de la prensa, frente a la evidencia documental donde la administración universitaria pide asignación de fondos ARRA pero no hay mención de medidas impositivas, especularon que el Gobernador mintió sobre la sugerencia de impuestos adicionales. Ygrí Rivera, presidenta de la Junta de Síndicos, salió en defensa de las declaraciones del Gobernador y afirmó a la prensa que la administración universitaria llegó a proponer medidas impositivas para allegar fondos a la Universidad, pero que lo hicieron en conversaciones verbales y no de forma escrita. Asumamos que esas conversaciones tomaron lugar.
Lo que nadie quiere aclarar es la disparidad entre la necesidad presupuestaria de los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011 y la asignación de fondos ARRA (específicamente del State Fiscal Stabilization Fund ). Es fundamental mencionar que el propósito de estos fondos adjudicados a los estados para la educación superior era restaurar el presupuesto de las instituciones de educación superior (en nuestro caso el Sistema UPR) al nivel más alto dentro de los años fiscales 2008 ó 2009. Es decir, según la Ley ARRA y su State Fiscal Stabilization Fund, la asignación que debió hacer el Gobernador de estos fondos debía compensar por la reducción en la aportación estatal según la fórmula de financiación. Ya para principios de marzo del 2009 la Universidad había estimado una reducción de $118 millones en la aportación estatal a su presupuesto 2009-2010 y una reducción de $180.7 millones en la aportación estatal al presupuesto 2010-2011. En mayo del mismo año la Universidad revisó el estimado y sometió una petición formal al Gobernador de $305 millones de fondos ARRA. La petición no fue arbitraria, ni la asignación del Gobernador debía serlo. El Departamento de Educación de Estados Unidos le asignó a Puerto Rico $647.6 millones bajo el State Fiscal Stabilization Fund de los cuales el estado debía distribuir $529.7 millones entre la Universidad y el Departamento de Educación para gastos no recurrentes. Es de aquí de donde la Universidad solicita los $305 millones para compensar la reducción en la aportación estatal al presupuesto. Según las indicaciones legales de la Ley ARRA, el Gobernador debió de compensar por esta cantidad, proveyendo así dos años a la Universidad para ajustar su enorme y complejo presupuesto y presentar un presupuesto balanceado conforme a los ingresos por la fórmula de financiación para el año fiscal 2011-2012. El mes de mayo de 2009 el entonces presidente de la UPR, Antonio García Padilla, informó a la comunidad universitaria que el Gobernador terminó asignándole $409.9 millones al Departamento de Educación y sólo $119.8 millones a la UPR. Esta es, grosso modo, la historia de los fondos ARRA y la UPR. Así que debemos preguntarnos, ¿Por qué la disparidad tan profunda en la asignación a la UPR?; ¿Por qué la administración no apeló legalmente la distribución hecha por el Gobernador, ya que esta no correspondía a las indicaciones de la propia ley? Porque la Oficina del Presidente y el control de la Junta de Síndicos son una burla a la atropellada autonomía universitaria. Porque el interés autonómico de la UPR será una ilusión mientras su cuerpo rector lo controle el Gobernador de turno. Porque si la virtud de la Ley Num. 2 de 20 de enero de 1966 es garantizar la autonomía fiscal de la UPR y evitar que su presupuesto esté a merced de las marejadas ideológicas y político-partidistas; el vicio de la Oficina del Presidente y la Junta de Síndicos es precisamente responder a estas marejadas. Es desde esta contradicción entre la autonomía fiscal y académica que debería gozar la Universidad y la politización de su administración que debemos comenzar a mirar los problemas que aquejan a la Universidad de Puerto Rico.
viernes, 30 de abril de 2010
Betancourt, la UPR y los Fondos ARRA
Copio íntegramente comentarios del Profesor Alex Betancourt en torno a la más reciente controversia sobre la distribución de los Fondos ARRA ante la crisis de la Universidad. Como no conozco las disposiciones legales pertinentes, no estoy seguro si la disparidad en la distribución de los fondos acusada por Alex era impugnable en los tribunales. De lo que sí estoy más seguro es que aparentemente era una pelea, al menos pública, que pudo haberse dado con energía en ese momento.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Entradas
3 comments:
Compañero, es que al verlo de esta forma, se le está dando prioridad a la educación primaria y secundaria, lo que no está mal ya que nuestra sociedad está sufriendo de un problema de fondo, que nace en esta etapa temprana de la vida.
El estudiante universitario ya está hecho y derecho... Nuestra inversión tiene que ir dirigida a donde más provecho se le vaya a sacar.
de acuerdo en parte. los problemas de la universidad a veces palidecen ante la crisis en el sistema educativo primario y me parece legítimo que el gobierno, ante necesidades de la UPR vs las del sistema escolar, tenga en ocasiones que escoger uno sobre el otro en la distribución de *un recurso específico*. El problema, tal vez, es que hay muchas formas de atender las necesidades de *ambos* sistemas, y propuestas no faltan. No se trata necesariamente de distribuir estos fondos específicos justo por la mitad. Se trata de que, en general, en la utilización de los recursos del Estado (incluyendo estos fondos), se refleje la importancia que se le debe dar a la educación universitaria, pues la educación superior, al igual que la primaria, es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país que se respete a sí mismo. Tal vez esa distribución debió mantenerse así, siempre y cuando la estabilidad fiscal de la Universidad se mantenga de otras maneras. El punto, sin embargo, es que esa es una conversación que no se tuvo; las prioridades se establecieron sin discusión previa y ahora, por la fuerza de la necesidad, la comunidad universitaria tiene que traer esta conversación a gritos.
Creo que el punto que hace el profesor Betancourt es claro, se violo la ley. El que las escuelas primarias y secundarias necesite dinero no es relevante, es que los fondos no se crearon para jugar a la politica.
Publicar un comentario